La decisión se conoce en la víspera del 25 aniversario del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, el peor atentado cometido en Argentina. El hecho dejó 85 muertos, sigue impune y la Justicia lo atribuye al Gobierno de Irán de entonces y al grupo chiita libanés Hizbulá, al igual que el cometido contra la embajada de Israel en 1992, que dejó 29 fallecidos.
A través del Decreto 489/2019, publicado en el Boletín Oficial, modificó una norma de junio de 2012 y estableció la creación de ese registro, ya que hasta el momento la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que no aparece el grupo chiita que voló la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994.
Además, por medio del decreto 486/2019, define una indemnización para las víctimas del atentado que aún no la han cobrado por una cuestión de plazos temporales y que fue establecida en la ley N° 27.139 sancionada en el 2015.
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