La investigación del “caso Weiss” adquirió relevancia nacional cuando semanas atrás se conoció que el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias había requerido la omisión del juicio oral y la aplicación de una pena mínima y excarcelable para el empresario acusado de abuso sexual, con argumentos insólitos que produjeron el rechazo inmediato de los familiares y abogados de las víctimas.
A raíz de esa situación Arias fue apartado de la causa y reemplazado por el fiscal Eduardo Urquiza, al tiempo que su desempeño está siendo analizado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
La causa ya había sido elevada a juicio y el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia había fijado fecha de audiencia, cuando Arias solicitó instrumentar el mecanismo de “omisión de debate”, que implicaba que el juicio no se realice y que el Tribunal evaluara un pedido de condena propuesto por la Fiscalía.
Para ello, Arias tuvo que ajustar la solicitud de pena al máximo que permite ese instituto legal (que es de tres años de prisión en suspenso) y como fundamento del requerimiento utilizó argumentaciones polémicas.
Es que al fundamentar el pedido, el fiscal consideró como “agravantes” de la pena la “reiteración de hechos” y la “cercanía familiar con la víctima”, pero como atenuantes, tres argumentos que fueron catalogados de “insólitos”.
Además de considerar la “falta de antecedentes” del empresario, Arias escribió que “la edad y la educación también los considero como atenuantes, pues (Weiss) no culminó sus estudios secundarios”.
La abogada Karina Echazú, que interviene como querellante del caso en representación de una de las menores presuntamente abusadas, replicó entonces que la falta de instrucción no puede ser un atenuante de pena cuando el imputado es “un comerciante reconocido en la zona” que posee “concesionarias de autos en ambas ciudades” y “maneja negocio familiar de bebidas y comestibles, además de una chacra”.
Por otra parte, Arias citó como atenuante que Weiss resulta “sostén económico familiar y posee dos hijos menores de edad”.
En ese sentido, Echazú evaluó que ello “no surge de la causa” ya que “la esposa (del empresario) maneja otro comercio y es profesional”.
“La alta inserción económica (del acusado) debería ser evaluada como un agravante, y no como un atenuante, ya que no puede alegar que le ha faltado el acceso a un estándar cultural y social que le impidiera adecuar su conducta a los patrones de vida en sociedad”, fundamentó la letrada.
Por último, el fiscal Arias citó como un tercer atenuante de la pena, una pericia referida a las características de la personalidad del empresario, en la que se lo señala como “inmaduro, dependiente, con bajo control de sus impulsos, y tendencia a proyectar en el otro”. También como alguien que posee “dificultad para mantener distancia adecuada en las relaciones interpersonales” y “proclive a borrar la asimetría en las relaciones que lo requieren, tendiendo a invadir espacios”.
“Estas circunstancias obligan a considerar una exigibilidad menor de la conducta debida en el ámbito de la culpabilidad”, resumió el representante de la Fiscalía.
En cambio, Echazú respondió que esa interpretación es la que hizo un perito de parte introducido por el propio acusado, con lo que señaló que se trata de un argumento de la defensa, más que de la fiscalía.
Como el instituto de “omisión de debate” requiere el acuerdo de todas las partes, al oponerse las querellas, la opción quedó descartada y el proceso continuó con la realización del juicio que comienza hoy.
Sin embargo, el desempeño de Arias fue reflejado por los principales medios de prensa nacionales y la repercusión llevó a que los legisladores Federico Bilotta y Pablo Blanco, integrantes del Consejo de la Magistratura, requirieran de oficio el inicio de una investigación interna, durante la sesión del organismo llevada a cabo el pasado 24 de abril.
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