Miles de personas se movilizaron en diferentes ciudades del país para reclamar la discusión legislativa de un proyecto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo.
«Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir» fue la consigna de la masiva manifestación frente al Congreso y en diferentes ciudades del país para pedir el tratamiento de una ley de aborto seguro, legal y gratuito. La iniciativa es impulsada por las organizaciones que integran la Campaña Nacional, que presentaron por séptima vez el reclamo a los legisladores, luego de que, en 11 años, fracasara el tratamiento seis veces.
Según estadísticas oficiales, entre 370.000 y 522.000 argentinas deciden interrumpir anualmente su embarazo por medio de abortos realizados en forma clandestina. Esta práctica representa el 14 por ciento de las muertes por maternidad.
María Alicia Gutiérrez, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito, dijo en TN: «La gente apoya este debate al interior del Congreso. Con el aborto legal baja la mortalidad materna. Estamos convencidas de que es una deuda de la democracia y una necesidad de salud pública».
El nuevo proyecto legislativo presentado en el Congreso argentino permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación sin que existan condiciones legales para hacerlo. Hasta el momento, la legislación considera que el aborto está permitido en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.
En marzo de 2012, la Corte Suprema precisó que no son punibles los abortos por violación y señaló que las mujeres que sufran abuso sexual podrán interrumpir su embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir posteriormente una sanción penal.
Sin embargo, la organización Amnistía Internacional expresó que a más de un lustro de aquella decisión judicial «el acceso al aborto legal no es implementado en todo el territorio nacional», porque «más de la mitad de las jurisdicciones» no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, ese derecho.
«La ilegalidad del aborto constituye un grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género. A su vez las mujeres, lesbianas y trans son sometidas a todo tipo de situaciones de vulneraciones del derecho a la salud reproductiva y por ello no solo exigimos la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado en seis oportunidades en el Congreso y jamás tratado. También exigimos que se aplique la Ley de Educación Sexual integral que es una piedra angular para pensar la salud pública”, dijo Victoria Freire, socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas.
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