En lugar de promover la despenalización del aborto, urge ocuparse de las madres que quieren dar a luz, pero no pueden criar a sus hijos, y de fomentar la adopción
En tiempos en que resuenan con fuerza cantos de muerte que enaltecen la supresión de la vida intrauterina, matando al niño por nacer, es alentador volver a escuchar la alocución de la diputada española Esperanza Oroña que circula en las redes, cuestionando dura y fundadamente las pseudoprogresistas izquierdas abortistas. Recordemos que el aborto es libre en España antes de la semana 14 de gestación. Un informe reciente del Ministerio de Sanidad da cuenta de que, por quinto año consecutivo, el número de abortos realizados en aquel país en 2016 se ha reducido, confirmando una tendencia clara a la baja, que comenzó en 2012.
También reconforta leer a Isabel Plá, flamante ministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno de Sebastián Piñera, en Chile, quien asumirá como jefe del Estado el 11 del mes próximo. Reiteradamente, Plá se ha pronunciado en contra de la ley. El parlamento chileno la aprobó en agosto último y comenzó a regir en diciembre, despenalizando el aborto en tres situaciones: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto.
También ha sorprendido a los abortistas el claro pronunciamiento de fines de 2017 del Tribunal Constitucional del Parlamento Europeo, que ha dicho que el aborto no es un derecho humano y que, naturalmente, la vida sí lo es.
Estas y otras muchas expresiones no parecen hacer mella en algunos de nuestros diputados, claramente ideologizados, que pretenden reformar el Código Penal, ampliando las excusas absolutorias del artículo 86, con un grado de permisividad y laxitud tal que equivale a la legalización del aborto, en cualquier caso. Por un lado, incluye todos los casos de violación, sin exigencia de denuncia penal, bastando la sola invocación de la violación para obtener la vía libre que permita suprimir cuantas vidas germinen en su cuerpo. Sin requerimiento de ningún control adicional.
La otra ampliación de excusas la constituye el «riesgo para la salud psíquica» de la madre. Obviamente la laxitud de la fórmula permite abrir una brecha tan ilimitada como irrestricta. Todos estamos sujetos a riesgos en nuestra salud psíquica. Quien sufre un accidente, pierde un ser querido o se queda sin trabajo, seguramente ve afectada su salud psíquica, en mayor o menor medida.
En definitiva, ¿cuál es el alcance de la expresión «riesgo para la salud psíquica? No parece ni razonable ni justo esgrimir un potencial temor como argumento para suprimir una vida. Podríamos por caso considerar también que una muerte cierta de un niño real en gestación afecta la salud psíquica de la frustrada madre. Está comprobado que las mujeres que abortan, en un alto porcentaje, sufren trastornos psicológicos como consecuencia del infanticidio cometido. En aquellos países que contemplan esta burdamente amplia condición, la mayoría de los abortos se acogen a ella.
Las causales señaladas son a todas luces opuestas a los principios constitucionales y a los tratados internacionales que defienden el derecho a la vida, así como el que contempla el anteproyecto del Código Penal que se presentará oficialmente al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso y cuya aprobación equivaldría a despenalizar el aborto de manera irrestricta.
Debemos llamar a la reflexión a nuestros legisladores, convocándolos a dejar de lado las tentaciones demagógicas de falsos feminismos y a ocuparse de las madres que quieren dar a luz pero no pueden criar a sus bebes, apoyándolas médica y psicológicamente y fomentando el instituto de la adopción cuando corresponda y ellas lo deseen. Defender la vida de un pequeño por nacer es cantar a la vida y debiera ser una obligación de todos.
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